Después de un incendio, descubres que los documentos de tu seguro no identifican la vivienda de la misma manera. La compañía sostiene que la casa dañada no era la asegurada y rechaza la reclamación.
¿La aparición de una dirección diferente basta para dejar el siniestro sin cobertura?
Una sentencia dictada en Lugo el 1 de septiembre de 2026 muestra por qué es necesario examinar toda la documentación, cómo se contrató el seguro y qué pruebas respaldan la posición de cada parte.
El tribunal condenó a la aseguradora a pagar 45.619,73 euros, más intereses y costas.
El caso: un incendio poco después del inicio del seguro
Los demandantes eran copropietarios de un inmueble sobre el que se había contratado un seguro de hogar con efectos desde el 2 de mayo de 2023.
El incendio se produjo el 18 de mayo de ese mismo año.
La aseguradora se opuso a la reclamación. Entre sus argumentos, sostuvo que la póliza identificaba otra dirección y que el cambio se había solicitado después del incendio.
Los propietarios, por su parte, aportaron documentación contractual que identificaba la vivienda dañada y mantenía como fecha de efecto el 2 de mayo.
La controversia exigía aclarar algo esencial: qué inmueble había sido realmente asegurado.
Dirección del riesgo y domicilio de comunicaciones no son lo mismo
Esta diferencia tuvo especial importancia.
La dirección del riesgo identifica el inmueble que se pretende proteger. El domicilio de comunicaciones sirve para recibir la correspondencia relacionada con el contrato.
El tribunal observó que el suplemento aportado por la aseguradora se refería a un cambio del domicilio de comunicaciones, no a una modificación expresa del inmueble asegurado.
Por tanto, no aceptó que aquel documento demostrara el cambio de riesgo que defendía la compañía.
La enseñanza práctica es sencilla: cuando se tramita una modificación, conviene comprobar qué dato se está cambiando exactamente.
La documentación debía valorarse en conjunto
La resolución examinó diferentes versiones de las condiciones de la póliza, documentos firmados y sin firmar, el suplemento, las fotografías y el informe del perito de la aseguradora.
Entre otras circunstancias, destacó que:
- La documentación aportada por los propietarios identificaba la vivienda incendiada.
- No se acreditaba una vinculación del asegurado con la otra dirección que defendía la compañía.
- El perito de la aseguradora ya había visitado la casa dañada antes del suplemento discutido.
- Su informe indicaba que el siniestro contaba con cobertura por la garantía de incendio.
A partir del conjunto de pruebas, el tribunal rechazó la falta de cobertura alegada.
La sentencia no establece que cualquier error de dirección sea irrelevante. Resuelve este caso atendiendo a sus contradicciones documentales y a la prueba practicada.
Una valoración pericial de 325 euros frente a una reclamación de más de 45.000
La diferencia entre las valoraciones era considerable.
El informe de la aseguradora recogía una valoración de 325 euros, mientras que la arquitecta que intervino por los propietarios presupuestó los daños en 45.619,73 euros.
El tribunal explicó que no estaban valorando la actuación del mismo modo.
El informe de la compañía partía de una supuesta intención de derribar la vivienda y valoraba únicamente una parte de la cubierta. También aplicaba una depreciación del 90 %, vinculada a la antigüedad del inmueble.
La resolución consideró insuficientemente explicados esos criterios. Además, señaló que el propio informe describía otros daños, como los producidos por el humo, y que no se habían desvirtuado técnicamente las partidas del presupuesto aportado por los propietarios.
Por ello, aceptó la cantidad reclamada.
¿La antigüedad de la vivienda permite reducir siempre la indemnización?
No puede extraerse una regla automática de este caso.
Lo relevante es que el tribunal no consideró suficientemente justificada la depreciación aplicada, ni su relación con los trabajos necesarios para reparar los daños.
Para comprender una valoración, conviene preguntar:
- Qué elementos se han incluido.
- Qué daños se han descartado y por qué.
- Qué criterio de valoración establece la póliza.
- Qué depreciaciones se aplican y cómo se calculan.
Una cifra final resulta mucho más útil cuando viene acompañada de una explicación que permita revisarla.
¿Qué papel tuvo el estado de conservación?
La aseguradora también cuestionó el estado de la vivienda y la falta de correspondencia con su descripción contractual como residencia principal.
El tribunal examinó ese argumento, pero no consideró que, con las pruebas aportadas, pudiera imputarse al asegurado la discrepancia en los términos defendidos por la compañía.
Esto no significa que el uso o el estado de conservación carezcan de importancia al contratar. Precisamente por su relevancia, interesa que la información facilitada y la documentación emitida reflejen correctamente la realidad.
Qué revisar en tu seguro antes de necesitarlo
Como comprobación práctica, dedica unos minutos a contrastar:
- La vivienda identificada: dirección, número, planta y demás datos.
- La referencia catastral, cuando figure en el contrato.
- El uso declarado: residencia habitual, segunda vivienda, alquiler u otra situación.
- Las características y superficies del inmueble.
- Los capitales y criterios de indemnización.
- Los suplementos: qué modifican y desde cuándo.
Si detectas una discrepancia, solicita su aclaración o corrección por escrito y conserva la respuesta.
La claridad de la póliza también forma parte de tu protección
Este caso muestra que una reclamación puede depender tanto de los daños como de la documentación que identifica el riesgo asegurado.
También recuerda que las conclusiones de un informe pericial necesitan una explicación técnica suficiente, especialmente cuando existen diferencias importantes entre valoraciones.
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Fuente: Tribunal de Instancia de Lugo, Sección Civil, Plaza n.º 3 —Juzgado de Primera Instancia n.º 3—, sentencia 245/2026, de 1 de septiembre. Procedimiento ordinario 223/2025. ROJ: SJPI 2691/2026. ECLI:ES:JPI:2026:2691.
Artículo divulgativo basado en el caso analizado. Es una sentencia de primera instancia susceptible de apelación; no se ha verificado su firmeza. El resultado de otra reclamación dependerá de su documentación, las condiciones del seguro y las pruebas disponibles.